La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sentencias contra siete exintegrantes del Secretariado de las Farc y doce militares del batallón La Popa. Los primeros fueron condenados por crímenes de lesa humanidad vinculados al secuestro, mientras que los segundos lo fueron por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
En el análisis de La Silla Vacía, los conductores destacaron la relevancia histórica de que ambos grupos fueran juzgados por un tribunal nacional. Sin embargo, señalaron que persiste una percepción de sanciones débiles o ambiguas, en especial en el caso de las Farc, donde no se concretaron de inmediato las obligaciones reparadoras.
Las sanciones a los exFarc incluyen labores como apoyo a la búsqueda de desaparecidos, actividades de memoria y reforestación. En contraste, las de los militares contemplan presencia territorial y trabajos específicos en beneficio de comunidades indígenas victimizadas, lo que fue considerado más claro y reparador.
Víctimas como César Lazo, secuestrado durante 13 años, expresaron frustración por la falta de justicia proporcional al daño sufrido. Los analistas subrayaron que la efectividad de las sentencias dependerá de la implementación de los TOAR (trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador) y de la real participación de las víctimas en su definición.
En el plano político, recordaron que el acuerdo de paz fue cuestionado por sectores que advirtieron impunidad y privilegios para los exguerrilleros. A su vez, el expresidente Juan Manuel Santos defendió que las sanciones fueron un compromiso necesario para lograr la dejación de armas, mientras críticos como Álvaro Uribe insistieron en que se trató de concesiones excesivas.
Nota del editor:
Las reflexiones de Juanita León y Héctor Riveros muestran la tensión entre lo alcanzado y lo que aún falta en la justicia transicional. Coincido en que lo verdaderamente histórico no es solo el fallo de la JEP, sino la posibilidad que nos da como sociedad de mirarnos en un espejo sin negar responsabilidades. Sin embargo, la división política que ha acompañado este proceso ha debilitado su potencial reparador. Ninguna condena puede devolver lo perdido a las víctimas, pero sí podemos decidir si la verdad, la reparación y la memoria se convierten en cimientos de un país distinto o en una oportunidad desperdiciada. La vida, la dignidad y el reconocimiento del otro deberían ser el centro de nuestra acción colectiva, más allá de banderas políticas o ideológicas.