Vicente Calvo, quien ha dedicado los últimos años a investigar y denunciar con cifras el desfalco de las EPS al sistema de salud, publicó un análisis sobre cómo se gestó la crisis financiera que estalló en 2024. Según Calvo, el colapso pudo haberse evitado si se hubiesen cumplido las normas expedidas desde 2007.
En 2007, el Decreto 574 obligaba a las EPS a contar con reservas técnicas como mecanismo de protección financiera para responder por los servicios de salud. Sin embargo, año tras año esta exigencia fue prorrogada mediante diferentes resoluciones, lo que permitió a las entidades operar sin el respaldo real requerido.
A partir de 2014, nuevas normas otorgaron prerrogativas adicionales a las EPS, flexibilizando sus obligaciones. En lugar de fortalecerse los controles, se crearon rutas de recuperación y reorganización que les permitieron continuar operando pese a sus problemas financieros. Esta permisividad, afirma Calvo, terminó institucionalizando el incumplimiento.
El investigador también recordó que el Acuerdo de Punto Final de 2019 no resolvió los problemas estructurales, pues aunque cubrió parcialmente las deudas históricas, las EPS siguieron sin reservas suficientes y el flujo de recursos hacia las IPS permaneció débil y poco transparente.
Finalmente, resoluciones expedidas en 2021 y 2022 permitieron maquillar indicadores de solvencia al flexibilizar los criterios de cálculo de reservas. Esto, según Calvo, fue una bomba de tiempo que estalló en 2024, afectando directamente a millones de usuarios y trabajadores de la salud.
Para Calvo, la lección central es que el sistema requiere reglas claras que se cumplan efectivamente, evitando que las excepciones temporales se conviertan en normas permanentes y que el maquillaje financiero prime sobre la salud de los colombianos.