El 27 y 28 de julio de 2025, Estados Unidos y la Unión Europea presentaron un marco de acuerdo que establece un arancel general del 15% a las exportaciones europeas hacia EE.UU. y mantiene tarifas más altas en sectores sensibles como acero y aluminio. La Comisión Europea lo describió como una medida para estabilizar las relaciones y evitar una escalada arancelaria, mientras que la Casa Blanca lo calificó de un acuerdo “recíproco, justo y equilibrado”.
Uno de los puntos más controvertidos es la energía. Según datos de Eurostat y la Agencia Internacional de Energía, en 2024 Estados Unidos suministró el 45% del gas natural licuado (GNL) importado por la UE, y en el primer trimestre de 2025 la cuota subió a 50,7%. La declaración conjunta menciona la intención europea de elevar las compras de energía estadounidense hasta 750.000 millones de dólares para 2028, pero especialistas como CEPS y Bruegel advierten que esa cifra es poco realista y dependerá de precios, infraestructura y objetivos climáticos.
En materia de defensa, el acuerdo no fija obligaciones de compra concretas. La OTAN había acordado previamente en su cumbre de La Haya de junio de 2025 que los aliados destinaran hasta un 5% del PIB a defensa hacia 2035. Países como Alemania, Italia y Países Bajos ya habían confirmado compras de aviones F-35, mientras Francia y España optaron por reforzar sus programas europeos como Rafale y Eurofighter. Polonia, por su parte, ha acelerado desde 2022 adquisiciones de Abrams, HIMARS y Patriot con fuerte participación estadounidense. Estas decisiones responden a políticas nacionales y compromisos OTAN, no al marco comercial.
El análisis por país muestra un panorama diverso: Alemania combina compras de F-35 con contratos energéticos de GNL; Francia mantiene autonomía industrial en defensa y contratos energéticos diversificados; Italia expande su programa F-35 y terminales de regasificación; Países Bajos aumentan su flota F-35 dentro de OTAN; España refuerza Eurofighter y es hub de regasificación; Polonia se rearma con fuerte presencia estadounidense en su arsenal. Ninguno de estos movimientos está directamente obligado por el acuerdo UE-EE.UU.
Organismos europeos como el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y la Dirección General de Comercio (DG Trade) subrayan que el marco de julio-agosto de 2025 es político y requiere implementación conforme a los procedimientos internos de la UE y de los Estados miembros. Think tanks como el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), SIPRI y Bruegel señalan que más que una cesión de soberanía, se trata de un reacomodo estratégico para ganar previsibilidad en comercio, reforzar la seguridad energética y aumentar el gasto en defensa bajo parámetros de la OTAN.
Entre los escenarios posibles están: 1) una implementación parcial y flexible de los compromisos energéticos y comerciales; 2) litigios o tensiones si EE.UU. impone más aranceles unilaterales; y 3) una profundización selectiva en áreas digitales, cadenas críticas y control de inversiones. En todos los casos, las compras de armas y energía seguirán siendo negociadas caso por caso y sujetas a decisiones nacionales.
En conclusión, aunque el marco comercial ha sido interpretado como una negociación bajo presión, la evidencia oficial europea indica que no existen obligaciones jurídicas para compras masivas de armas o energía en EE.UU. Lo que sí existe es un contexto de mayor dependencia energética y un compromiso de elevar el gasto militar en Europa, donde cada país define su propio mix entre proveedores estadounidenses, europeos y otros aliados.