El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este 19 de septiembre la convocatoria a un referendo popular para instalar una Asamblea Constituyente. La decisión fue tomada sin que mediara un pronunciamiento previo de la Asamblea Nacional ni de la Corte Constitucional, instancias previstas en la Constitución de 2008.
Noboa justificó la medida afirmando que “es el pueblo quien debe decidir si quiere una nueva Constitución”, argumentando que las instituciones existentes han obstaculizado sus reformas. Según el mandatario, la consulta sería un mecanismo directo de legitimidad para avanzar en cambios políticos y estructurales.
El anuncio ha generado controversia en el ámbito político y jurídico. Diversos actores han señalado que el procedimiento contraviene el orden constitucional vigente, ya que la Carta Magna establece que la convocatoria a una Constituyente requiere aprobación de al menos dos tercios de la Asamblea Nacional o un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
La iniciativa ocurre en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. Mientras el gobierno sostiene que la convocatoria responde a un mandato ciudadano, sectores de la oposición y juristas advierten que el paso podría abrir una crisis institucional en el país.