Iván Cepeda analiza el papel de la justicia y las víctimas ante fallo en juicio a Álvaro Uribe
En el programa "Conversaciones Pendientes", Iván Cepeda habló sobre el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal, cuyo sentido del fallo será leído el 28 de julio en los Juzgados de Paloquemao, Bogotá. Cepeda repasó las raíces históricas del caso, vinculadas al auge del narcotráfico, el paramilitarismo y su relación con estructuras políticas desde la década de 1980 en Antioquia.
El senador destacó el papel de la justicia como factor democrático y de contención frente a proyectos políticos, así como la importancia del movimiento de víctimas en visibilizar la verdad. Recordó hechos como la masacre de Jesús María Valle, la aparición del Bloque Metro y las investigaciones sobre la Hacienda Guacharacas, resaltando que estos sucesos marcaron un patrón de violencia y control territorial.
Cepeda explicó que parte de los líderes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos para impedir que declararan sobre sus vínculos con actores políticos. Entre ellos mencionó a Salvatore Mancuso, cuya trayectoria y relaciones en Córdoba fueron documentadas en investigaciones previas. El congresista advirtió que esta práctica dificultó el acceso a la verdad judicial en Colombia.
El entrevistado describió la existencia de una estructura para la compra o fabricación de testigos, con dos etapas principales: una entre 2012 y 2018 y otra a partir de la intervención del abogado Diego Cadena y sus colaboradores. Según Cepeda, la Corte Suprema de Justicia documentó la persistencia de estas prácticas y su repetición con diferentes actores para el mismo fin.
Sobre el papel de los medios, Cepeda resaltó la labor de periodistas como Daniel Coronell, cuyo trabajo investigativo ha contribuido a esclarecer episodios clave y difundirlos ante la opinión pública, incluso enfrentando ataques en redes sociales y presiones mediáticas.
En relación con las víctimas, subrayó que el reconocimiento legal de quienes sufrieron violencia estatal o paramilitar solo se dio a partir de la Ley de Víctimas de 2011. Antes de eso, las organizaciones que representaban a estas personas enfrentaban altos niveles de persecución y visibilidad limitada.
Cepeda insistió en que su propósito no es la venganza, sino propiciar un acuerdo nacional que permita reconocer responsabilidades y llegar a la verdad de lo ocurrido. Defendió que la base de una democracia sólida es el esclarecimiento histórico y la justicia restaurativa, que incluya a todos los sectores afectados.
Finalmente, expresó que la audiencia y el fallo que se avecinan representan una oportunidad para que el país reflexione sobre las estructuras de poder que han marcado su historia reciente y para avanzar hacia un modelo de justicia que priorice a las víctimas y la reparación social.